RETOS Y DESAFÍOS PARA LA PRÓXIMA PRESIDENCIA DE COLOMBIA (2026–2030)
El periodo presidencial 2026–2030 en Colombia, que inicia el 7 de agosto de 2026 y finaliza el 7 de agosto de 2030, no puede ser entendido como una simple transición administrativa. Se trata de una etapa determinante para la calidad de la democracia, la efectividad del Estado social de derecho y la capacidad institucional de responder a deudas históricas que, lejos de disminuir, se han consolidado con el tiempo.
Desde una perspectiva jurídica, social y periodística, el problema central de Colombia no es la inexistencia de marcos normativos, sino la brecha persistente entre la norma y su materialización. El país no sufre únicamente de déficit legislativo, sino de un déficit estructural de ejecución, seguimiento y garantía efectiva de derechos.
EDUCACIÓN: DESERCIÓN, EXCLUSIÓN Y CRISIS DE LA INCLUSIÓN REAL
El sistema educativo colombiano continúa siendo uno de los principales reproductores de desigualdad social. Aunque se ha ampliado la cobertura, la calidad, la permanencia y la inclusión siguen siendo profundamente desiguales según el territorio y la condición socioeconómica.
Uno de los problemas más críticos es la deserción escolar, que no puede explicarse únicamente desde variables económicas. Existe una combinación de factores institucionales, pedagógicos y sociales que expulsa progresivamente a los estudiantes del sistema educativo.
En este punto, la situación de las personas con discapacidad evidencia una falla estructural del modelo educativo. La inclusión, en muchos casos, se ha reducido a un enunciado formal sin transformación real en las prácticas institucionales.
Se observa además un déficit significativo en la formación, sensibilidad y compromiso de algunos rectores, coordinadores y directivos docentes frente a la inclusión. La falta de actualización en enfoques de educación inclusiva y derechos de las personas con discapacidad genera entornos escolares que, en la práctica, siguen siendo excluyentes.
El reto del próximo gobierno es inaplazable:
Diseñar políticas efectivas de permanencia escolar que ataquen las causas estructurales de la deserción
Establecer formación obligatoria, continua y evaluable en inclusión, discapacidad y derechos humanos para directivos y docentes
Garantizar la implementación real de ajustes razonables en todas las instituciones educativas
Fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control sobre el cumplimiento efectivo de la política de inclusión educativa
Sin una transformación institucional profunda, la inclusión seguirá siendo una promesa normativa sin eficacia social.
EMPLEO: INFORMALIDAD Y FRAGILIDAD DEL MODELO PRODUCTIVO
El mercado laboral colombiano se caracteriza por una informalidad estructural que supera a la mitad de la población económicamente activa. Esta situación no es coyuntural, sino el reflejo de un modelo productivo insuficiente para absorber y garantizar condiciones dignas de empleo.
El problema no es únicamente la generación de puestos de trabajo, sino la calidad del empleo, la estabilidad y el acceso a la protección social.
Los desafíos son evidentes:
Transitar hacia un modelo de empleo formal sostenible
Fortalecer las economías regionales con enfoque territorial
Articular educación, innovación y mercado laboral para responder a la transformación tecnológica
Sin trabajo digno no existe ciudadanía plena ni ejercicio efectivo de derechos sociales.
CARACTERIZACIÓN SOCIAL: AUSENCIA DE DATOS Y DEBILIDAD INSTITUCIONAL
Uno de los vacíos más graves del Estado colombiano es la ausencia de una caracterización social actualizada, sistemática y obligatoria. En numerosos municipios y departamentos no existen datos recientes y confiables sobre población con discapacidad, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y otras poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Esta ausencia no es un problema técnico menor, sino una falla estructural del Estado social de derecho, pues sin información no es posible diseñar políticas públicas eficaces ni garantizar derechos de manera focalizada.
La caracterización social debe consolidarse como política pública obligatoria bajo tres ejes fundamentales:
Actualización anual obligatoria de la información en todos los niveles territoriales
Control social vinculante ejercido por organizaciones comunitarias, veedurías ciudadanas y actores sociales
Participación directa o representada de personas con discapacidad, comunidades afrodescendientes e indígenas en la vigilancia, seguimiento y evaluación de sus derechos, con reconocimiento institucional del Estado
El principio es claro: no puede haber política pública seria sin datos actualizados, ni puede haber garantía de derechos sin control social efectivo.
DEUDA HISTÓRICA: DESIGUALDAD ESTRUCTURAL NO RESUELTA
La deuda histórica del Estado colombiano no es un concepto retórico. Se expresa en la persistencia de desigualdades territoriales, exclusión étnica, abandono institucional y barreras estructurales en el acceso a derechos fundamentales.
Esta deuda se manifiesta en tres dimensiones principales:
Desigual acceso a educación, salud y servicios públicos esenciales
Débil presencia institucional en territorios rurales y periféricos
Baja capacidad de incidencia real de las comunidades en la toma de decisiones públicas
La reparación histórica no puede limitarse a discursos o programas fragmentados; debe materializarse en transformaciones estructurales verificables.
CONCLUSIÓN
El periodo presidencial 2026–2030 será una prueba determinante para el Estado colombiano. No se trata únicamente de gobernabilidad, sino de la capacidad de transformar estructuras históricas de desigualdad.
La educación, el empleo y la caracterización social no son dimensiones aisladas, sino expresiones de un mismo problema estructural: la distancia persistente entre el Estado y la realidad social de su población.
Sin inclusión efectiva, sin información confiable y sin compromiso institucional real, el Estado social de derecho corre el riesgo de permanecer como una promesa normativa sin plena realización material.